¡Alto al maltrato animal! Buscan en Congreso castigos más severos
Playa del Carmen, Q. Roo.— Con el objetivo de reforzar la protección y bienestar de los animales en Quintana Roo y prevenir la normalización de la crueldad al establecer sanciones más severas por maltrato animal, la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura, Estefanía Mercado, propuso reformas a los artículos 179-bis y 179-ter del Código Penal, así como los artículos 119 y 121 de la Ley de proteción y bienestar animal, ambas de nuestro estado.
La propuesta busca modificar el Código Penal y la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado, con el objetivo de endurecer las sanciones por maltrato animal.
“Buscamos establecer penas más severas en los casos de crueldad animal y maltrato que ponga en peligro la vida o cause la muerte del animal”, explicó Estefanía Mercado.
Además, en la iniciativa de reforma, se plantea la aplicación de sanciones administrativas y la destitución para servidores públicos cuando estén involucrados en actos de maltrato y crueldad animal.
Castigo por maltrato animal
En el Código penal, la propuesta contempla modificar la pena para maltrato intencional que no ponga en peligro la vida del animal, actualmente de seis meses a un año de prisión y de veinticinco a cincuenta días multa, para que pase de uno a cuatro años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa, respectivamente.
Si el maltrato intencional causa la muerte del animal, la pena actual de uno a dos años de prisión y de 100 a 200 días multa se propone aumentar a cuatro a seis años de prisión y de 100 a 500 días multa.
En ambos casos, si participaran funcionaros públicos, se aplicará la destitución en el cargo e inhabilitación para desempeñar otro empleo público por un término igual al de la pena de prisión impuesta.
En la Ley de Protección y Bienestar Animal, las penas actuales para maltrato animal que se sancionan con una multa, se propone que esta sea de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el doble de lo previsto para otras conductas prohibidas por la ley; y en los casos donde el infractor sea un servidor público, se aplique una sanción administrativa que consista en la destitución en su cargo e inhabilitación para desempeñar otro empleo público por un término de 10 años.
“Con esta iniciativa, buscamos enviar un mensaje claro de que estas conductas no serán toleradas; asimismo, la aplicación de sanciones administrativas como la destitución para servidores públicos involucrados enfatiza la importancia de la responsabilidad de los funcionarios en la protección de los derechos de los animales y promueve una cultura de respeto hacia los mismos”, puntualizó Estefanía Mercado.
