¿Puede Roberto Borge salir de la cárcel? Esto se sabe

¿Puede Roberto Borge salir de la cárcel? Esto se sabe

Cancún, Q. Roo.- Roberto Borge Angulo, exgobernador del estado de Quintana Roo está un paso más cerca de salir de la cárcel, pues un juez federal le otorgó prisión domiciliaria por el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, esto todavía no significa que quedará libre, pues no es el único delito por el que se le acusa, y su proceso por delincuencia organizada aún lo mantiene tras las rejas.

El juez que le concedió prisión domiciliaria basó su decisión en una jurisprudencia de la Corte que establece la revisión de la prisión preventiva luego de dos años de reclusión, según Reforma.

Por ello, está dispuesto a cambiar de medida, con la condición que Borge pague 10 millones de pesos. En ese caso se le impondría un brazalete electrónico y se le mandaría a casa. Aunque deberá regresar a prisión en caso de ser condenado.

Roberto Borge Angulo, quien gobernó en el periodo 2011-2016, continúa su proceso por delincuencia organizada. Para salir de la cárcel, se requiere que un juez también le cambie la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por éste.

Las cuentas turbias de Roberto Borge

Las autoridades vincularon a proceso al Exgobernador de Quintana Roo en marzo de este año, por el delito de delincuencia organizada.

Además, enfrenta dos investigaciones de la Fiscalía General del Estado por presunta responsabilidad en peculado y aprovechamiento ilícito del poder, y otro por operaciones con recursos de procedencia ilícita, según Expansión.

Está señalado por desfalcar al menos 16 mil millones de pesos durante el 2015 y 2016. Equivalentes a sacar de las arcas públicas quintanarroenses 926 mil 944 pesos cada hora, 22.2 millones de pesos al día o 667.74 millones de pesos por mes. Permanece en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.

Entre sus saqueos se encuentran partidas destinadas a programas y acciones de gobierno no realizadas y enviadas a fondos enviados a cuentas bancarias ajenas a las dependencias y la venta ilegal del patrimonio inmobiliario del estado.