Defiende Aguakan su concesión; impugnará decisión del Congreso
Cancún, Q. Roo.- Aguakan, concesionaria de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de la zona norte de Quintana Roo, no acatará el revocamiento de su concesión, ordenado por el Congreso del Estado, e impugnará la decisión.
“El Decreto 195 desconoce absolutamente la naturaleza y normatividad rectora del título de concesión e invade esferas y atribuciones de los municipios soberanos concedentes de la concesión, así como del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable, así como de los derechos fundamentales de DHC”, dijo la empresa en un comunicado.
Con la decisión del Congreso del Estado, la empresa dejaría de brindar el servicio en el próximo 1 de enero del 2024, entrando en su lugar la Comisión de Agua Potable (CAPA).
Sin embargo, Aguakan señaló que el nuevo decreto carece de validez y eficacia legal, por lo cual continuará prestando con normalidad los servicios públicos de agua potable concesionados para los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, según Reportur.
Concesión plagada de irregularidades
El 8 de diciembre del 2014, las autoridades municipales de Solidaridad, Isla Mujeres y Benito Juárez, que en este tiempo pertenecían a la bancada del Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), acordaron ampliar la concesión hasta el año 2053, aunque aún faltaban nueve años para el vencimiento de la primera parte.
Funcionarios acusaron de opacidad las sesiones de los tres cabildos, y se trató de una asignación directa, pues no hubo otra empresa que peleara el servicio, ni siquiera precabildeo. Y en Solidaridad, “el alcalde Mauricio Góngora, del PRI, los convocó prácticamente para sellar con su firma el acta de cabildo”, acusó el entonces regidor solidarense Orlando Muñoz, de acuerdo con Proceso.
Otros destaparon irregularidades en el proceso de votación, como que la sesión no fue convocada con la debida anticipación, fue “privada”, se bloqueó la señal de telefonía celular, se pusieron cerrojos y se apagaron micrófonos; además, careció de sustento y los regidores no recibieron copia de la solicitud de la funcionaria.
El “teatro” de Carlos Joaquín
Durante la administración estatal anterior, a cargo de Carlos Joaquín González, éste y Gerardo Mora Vallejo, titular de la CAPA, engañaron a los quintanarroenses simulando que habían plantado un juicio contra Aguakan para revocarle la concesión.
Esto nunca pasó, en realidad el Gobierno de Quintana Roo simuló un crédito fiscal del año 2015 y pretendió cobrarle a Aguakan, en tan sólo 30 días, 2 mil 877 millones 748 mil 138 pesos, a razón de dicho crédito. De no hacerlo, perdería la concesión.
En respuesta, la empresa promovió un juicio administrativo (que ganó), en contra del pretendido cobro.
Por otra parte, la consulta pública del año 2022, durante la cual los cancunenses expresaron su repudio a la concesionaria, fue promovida por la senadora Marybel Villegas Canché, quien votó a favor de la ampliación del contrato, en el 2014.
Aguakan es una de las empresas con mayor número de quejas
Actualmente, Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., o Aguakan, se encarga del suministro de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
Sin embargo, es una de las empresas con mayor número de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues el suministro de agua potable y la red de drenaje son deficientes, cobra altos precios a pesar de no dar el servicio e ignora las quejas de los ciudadanos y sector hotelero.
Las quejas no son recientes, pues desde el 2014, cuando se aprobó la ampliación de la concesión, ya era la empresa con mayor número de quejas en la delegación estatal de la Profeco, por mal servicio y elevadas tarifas, por lo que muchos funcionarios pelearon desde entonces por el revocamiento de la concesión, pero no se había avanzado.
Por ello el pasado 22 de diciembre, los 19 legisladores aprobaron por unanimidad la propuesta para revocar el decreto 250, que extendía la concesión de la empresa por 30 años.
Además, facultaron a los municipios para buscar alternativas de servicio; en tanto la CAPA se hará cargo.
