Tambalea futuro de Aguakan; calificación crediticia está bajo lupa
Cancún, Q. Roo.- Aguakan, empresa concesionaria de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de la zona norte de Quintana Roo, impugnó la decisión del Congreso del Estado para terminar su concesión este 31 de diciembre y un juez federal le otorgó la suspensión provisional a esa medida.
Sin embargo, esto le ha generado “mala fama”, pues la agencia de calificación crediticia estadounidense Fitch Ratings, una de las tres más grandes del mundo, colocó la calificación crediticia de la empresa en observación negativa, debido a la incertidumbre sobre el futuro de sus operaciones en Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Mo9relos, de acuerdo con Bloomberg Línea.
La calificación actual y a largo plazo de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguakan, es de AA+, lo que significa que invertir en ella es favorable, pues se le considera de “calidad, fiable y estable”, explicó AS.
Sin embargo, en caso que no obtenga una resolución favorable a su impugnación, su calificación ante Fitch Ratings podría bajar varios niveles, lo que significa que podría caer de la categoría de grandes inversiones a inversiones especulativas, con riesgos de crédito, o a malas inversiones, con riesgos de impago. Esto significaría que le sería más difícil conseguir inversores y créditos bancarios.
Aunque hasta el momento no hay nada estable, la calificadora seguirá vigilando los impactos negativos potenciales a nivel de operaciones, reputación y liquidez, entre otros. Se espera que haya más claridad a futuro.
El panorama a futuro podría ser complicado para la empresa, pues el 30.1 por ciento es controlada por Grupo Mexicano de Desarrollo, y el resto le pertenece a GBM Hidráulica, cuya matriz, GBM Infraestructura, se encuentra respaldada por fondos de ahorro para el retiro.
¿Qué sucedió con la concesión de Aguakan?
El Congreso de Quintana Roo acordó, en sesión extraordinaria y con voto unánime revocar el decreto 250 que extendía la concesión de la empresa Aguakan por 30 años más, debido a las frecuentes quejas del sector hotelero y los pobladores, por el mal servicio, desabasto y cobros excesivos.
Según esta medida, el 1 de enero del 2024, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) asumiría el control del servicio.
Sin embargo, la empresa se negó a acatar la decisión y la impugnó, con el alegato que el congreso invadía “esferas y atribuciones de los municipios soberanos concedentes de la concesión… lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable”.
Ahora, un juez le concedió la suspensión provisional a la medida tomada por el Legislativo Estatal.
