Cuando la salud no es un derecho igual para todas

En nuestro artículo anterior hablamos de la importancia de la solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama, ese gesto humano que une voluntades y salva vidas.

Hoy damos un paso más allá, para mirar con justicia la otra cara de esta realidad: la profunda desigualdad que persiste en el derecho a la salud.

Cada año en México se detectan casi 30 mil nuevos casos de cáncer de mama, y alrededor de 7,900 mujeres pierden la vida por esta causa, según la Secretaría de Salud. Detrás de esas cifras hay una constante: las mujeres sin seguridad social son quienes enfrentan más barreras para ser diagnosticadas y tratadas a tiempo.

Entre 2017 y 2023, el gasto público destinado al cáncer en población sin seguridad social disminuyó 52.7 %, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). De las 20.6 millones de mujeres mexicanas entre 40 y 69 años, solo una de cada cinco (20.2 %) se realizó una mastografía en el último año, y de ellas, apenas el 86% recibió los resultados, según datos de la Cámara de Diputados.
En entidades como Quintana Roo, la tasa de mortalidad alcanza 15.5 por cada 100,000 mujeres, una de las más altas del país.

Estas no son solo estadísticas: son rostros, familias y esperanzas interrumpidas. Son mujeres que enfrentan diagnósticos tardíos, tratamientos imposibles de costear o distancias inalcanzables para acceder a un hospital.

La justicia social se pone a prueba cuando el derecho a la salud depende del empleo, de la afiliación o del lugar donde se nace.

Hablar de equidad es garantizar que toda mujer, sin importar su condición económica o social, pueda acceder a una detección oportuna, a un tratamiento digno y a un acompañamiento real.

Porque la salud no puede ser un privilegio, sino un derecho.

Y sin salud, no hay justicia posible.