Caminos del Mayab: Aplicar la justicia

¿Hasta cuándo entenderán los taxistas de Quintana Roo que no son autoridad para aplicar la justicia por su propia mano? Quizá hasta que haya otro muerto por cuestiones de pleitos con las plataformas de transporte como lo es Uber.

Aquí no trato de defender a unos para atacar a otros, explico que solamente las autoridades correspondientes son las indicadas para poder sancionar, requisar, revocar concesión y multar a quien infrinja la ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, pero es entendible que, ante la escasez de huevos por lo caro que está, pues los trabajadores del volante hacen lo que quieren, con total impunidad.

Ni el director de Movilidad del Gobierno del Estado, el cadenero Rodrigo Alcázar Urrutia, ni el diputado José María Chacón Chablé presidente de la Comisión de Movilidad en la XVII Legislatura, han logrado ponerse de acuerdo para revisar, modificar y replantear la Ley de Movilidad, con los ‘candados’ que quieran para la plataforma Uber, y así terminar de una vez por todas con las arbitrariedades de los intocables taxistas.

Creo que todos los que tenemos negocios en este lugar, estamos de acuerdo que los taxistas tienen derechos ganados, pero no a costa de un mal servicio, de algunos que están involucrados en cuestiones ilícitas, unos más que no tienen una actitud de amabilidad hacia los usuarios (tampoco queremos que nos pongan una alfombra al subir o bajar), pero sí que no se manchen con los precios y menos con los pretextos de siempre.

Solo quiero recordarles que el Sindicato de Taxistas, ya no es de utilidad política ni electoral en estos tiempos, ya pasaron del voto corporativo y del acarreo que usaban en antaño, así que no cuentan con la protección de los otrora gobiernos del PRI. Ya acéptenlo, son nuevos tiempos, nuevos usuarios y nueva manera de contratar los servicios de transporte; solo vean a sus hijos jóvenes, quienes prefieren hacer todo por medio de las plataformas digitales, para ellos lo demás ya son cosas obsoletas. Ahí se las dejo…

SASCAB

Un boquete más que dejó el gobierno de Carlos Joaquín González a las finanzas estatales es la deuda superior a los 600 millones de pesos a proveedores que tiene el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), y al respecto el extitular, Darío Flota Ocampo, explicó que esto se debe al incumplimiento de pago que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tenía con ese organismo, por falta de recursos.

“La deuda en agosto (2022), que fue la que nosotros entregamos, fue de 680 millones para el cierre de septiembre, que es cuando se contabiliza el cambio de administración, andaría cerca de los 800 millones”, señaló el ex director del CPTQ.

Y hasta ahora no existe ninguna denuncia, demanda o queja por parte de la nueva administración estatal, quizá porque están cuadrando las cuentas. Mi pregunta sería, ¿hay impunidad pactada?, o ¿ladrón que roba ladrón alcanza cien años de perdón? Al tiempo…

Por Martín G. Iglesias