Diputados no ‘quitan dedo del renglón’; buscan frenar la extorsión
Chetumal, Q. Roo.- Integrantes de la bancada del Partido del Trabajo insisten en que la extorsión sea tipificada como delito grave.
Alicia Tapia Montejo y Hugo Alday Nieto presentaron un acuerdo para que la XVII Legislatura exhorte al Congreso de la Unión sobre la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La intención es incorporar la extorsión (derecho de piso) al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
«Presentamos una solicitud para exhortar al Poder Legislativo Federal, a fin de que modifique el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución General de la República, así como adicione el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales», dijo Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia.
Comentó que es urgente la modificación a la ley para evitar la proliferación de este delito que ha crecido exponencialmente en los últimos años sin distinguir clase social u ocupación.
Extorsión, grave
De acuerdo con el Inegi, los delitos menos denunciados en 2021 fueron:
- Secuestro
- Actos de corrupción
- Extorsión
Entre las principales razones, en dos de cada tres casos, se encuentra la desconfianza hacia la autoridad por miedo a que extorsione a las empresas, o incluso que los agraviados enfrenten trámites largos y difíciles, según Hugo Alday.
El pago por protección, las amenazas de daño y secuestro fueron las modalidades de extorsión más denunciadas al 089 durante 2022, reveló el Sistema Estatal de Denuncias Anónimas de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.
Informó que se han recibido 13 mil 12 denuncias anónimas de 2019 hasta octubre de 2022.
La organización México Evalúa prevé que este delito le cuesta a México 226 mil millones de pesos al año, 1.25% del PIB nacional.
Mientras que en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 se estimó que la extorsión fue el principal delito que enfrentaron los negocios en siete de cada diez entidades federativas del país durante 2021, lo que representó un aumento con respecto a la edición previa de 2019, cuando en cuatro de cada 10 estados era la principal transgresión para las unidades económicas.
